El proceso penal se configura como el conjunto de actuaciones desplegadas por el órgano judicial y los demás intervinientes, en momento y cauce regulado legalmente, de producción obligada para la realización del ius puniendi del Estado. El proceso penal tiene por objeto la averiguación del delito, la identificación del delincuente y su grado de responsabilidad en el delito, así como la imposición de una pena, o una medida de seguridad y de una responsabilidad civil, en su caso, y también lograr la ejecución y efectivo cumplimiento de las consecuencias del delito o de la falta cometidos.

Nuestro sistema procesal penal contempla cauces o procedimientos diversos para la realización de este tipo de actuaciones y la exigencia de responsabilidad penal, según la naturaleza y gravedad de la infracción, en unos casos, o en función de la condición y circunstancias personales de los responsables, en otros.